El financiamiento en al agro

(PARTE II)

El financiamiento privado

Al desaparecer el Banco Agrario, la banca comercial comenzó a incrementar sus volúmenes de crédito destinado a la agricultura, de US $88 millones en 1991 a US $378 millones en 2000; sin embargo su acción no llega a los agricultores de pequeña escala, dado que sus préstamos se concentran en las medianas y grandes empresas agroindustriales o en la agricultura de exportación.  Desde esta abrupta liquidación del banco agrario el sector recibe un bajo nivel de colocaciones. Apenas 400 millones de dólares de los casi mil millones que requeriría. De los 60 mil prestatarios que tuvo el banco agrario, la banca comercial en el 2001 sólo atendía a poco más de 5 mil.

En 1994 se crearon las cajas rurales de ahorro y crédito como entidades privadas que pueden realizar gran parte de las actividades bancarias, pero las mismas no han tenido mayor éxito. De 18 cajas rurales iniciales, en la actualidad sólo existen 12, pero la mayor parte adolece de graves problemas financieros. Su contribución al financiamiento del agro ha sido limitada; se inició con un programa de créditos de US$ 2,5 millones y para el año 2000 su cartera crediticia ascendía a US$ 34 millones, alrededor del 8% del financiamiento anual al sector rural.

Si bien a partir de 1995 las colocaciones tuvieron un leve crecimiento, acompañando en este ritmo al PBI sectorial, aquellas han sufrido u estancamiento a partir de 1998 (véase cuadro 2) como un efecto de la primera crisis de la globalización, como se recordara en nuestro país se empezó a sentir el efecto a partir de ese año.

A partir de 1999, la tendencia creciente del volumen de fondos intermediados por el sector formal se revierte. Como se puede apreciar en la figura 2, desde 1994, el total de colocaciones en el sector agropecuario ha crecido a una tasa decreciente, hasta que la tendencia se revirtió en 1999. Entre marzo de 1999 y abril de 2000, las colocaciones bancarias en el sector cayeron en más de 35%. El financiamiento no despega.

 

Sumado al escaso financiamiento del sector, el fantasma de la incobrabilidad de intereses ha sido una constante. Quiérase o no la historia del desenvolvimiento económico esta entrelazado con el de la vida estatal, si bien hubo colocaciones en el sector estos fueron acompañados con los problemas propios de la solvencia económica de los prestatarios agrarios, sobre todo los pequeños y medianos agricultores, quienes al no poder pagar los préstamos, el estado si interviene a favor de los privados. Un caso sucedido a inicios de la presente década nos da una muestra clara del asunto. Las cobranzas judiciales que se iniciaron en plena emergencia de "El Niño", se intensificaron en los años siguientes, cómo es posible constatar en los avisos judiciales que casi a diario se publicaban en los periódicos de provincias los distintos tipos de instituciones financieras.

Un importante porcentaje de estos anuncios corrían por cuenta de las Cajas Rurales que atendían a pequeños agricultores operando, casi exclusivamente, con las líneas llamadas "preferenciales" que intermediaba COFIDE. Y esto ocurrió pese a que de los 510 millones de dólares colocados en el agro por todo el sistema financiero, la participación de las Cajas Rurales apenas llegaba a 35 millones de dólares, un 6.8% del total. Su cartera atrasada, que bordeaba el 19% de las colocaciones, era alta, pero representaba menos de 10 millones de dólares. Suma fácilmente manejable para el Estado que por ese entonces destinó varios cientos de millones de dólares en el salvataje del Banco Latino y en solucionar la crisis de liquidez de la banca comercial pero de ningún modo la morosidad del pequeño y mediano agricultor.

En el cuadro 3 se puede ver como estaban las colocaciones, créditos refinanciados, cartera atrasada y los préstamos que estaban en cobranza judicial, para los difíciles años de crisis económica del 1997-2001.

No son pocos los productores, pequeños y medianos, cuyos predios  fueron rematados por encontrarse morosos ante cajas rurales, bancos comerciales o habilitadores informales, y hubo varios miles en peligro de que les ocurra los mismo.

El elevado endeudamiento de los agricultores es una de las secuelas que dejó el Fenómeno El Niño en dos campañas sucesivas (96-97 y 97-98), que se agravó luego por la prolongada recesión económica que afligió a casi todos los bolsillos del país, deprimiendo los precios de gran parte de los cultivos. Frente a estas emergencias los productores agrarios se estrellaron con ofrecimientos ministeriales que no se cumplieron, y con programas de refinanciamiento insuficientes y parciales.
El diagnóstico es conocido: descapitalización, altísimas tasas de interés, exigencia de elevadas garantías y cronogramas de reembolso que no se adecuan a la realidad del campo. Es por todas estas razones que las instituciones financieras no utilizan las líneas de reestructuración habilitadas por COFIDE, pues sólo un reducido número de grandes agroindustrias están en capacidad de cumplir con esas condiciones. Además  COFIDE cuenta con líneas de crédito que provienen del exterior a bajas tasas de interés, pero que se encarecen cuando luego se canalizan a través de las instituciones bancarias.

En años subsiguientes, la situación no cambiaría en lo fundamental, para el 2004 por ejemplo sólo el 2,9% del total de créditos otorgados por los bancos comerciales fue orientado a la agricultura (alrededor de 320 millones de dólares). El alto riesgo de la actividad agraria, su poca rentabilidad y la falta de seguro de crédito son factores que explican la baja participación de la banca comercial. En el caso de las Cajas Rurales, ellas orientan el 22% de sus créditos a la agricultura (alrededor de 30 millones de dólares).

Por el lado de la demanda para alguno cultivos sobresale el de arroz, algodón, maíz amarillo, papa y café (véase el cuadro 5).

El Agrobanco está compuesto por capitales mixtos, es decir su presupuesto proviene tanto del sector público como del privado; ya se ha visto que las políticas estatales no están destinadas precisamente a desarrollar el agro, prueba de esto es que los recurso que destina al Banco Agrario cada vez son más exiguos, determinando con esto un rumbo hacia la privatización paulatina. Diferentes voces provenientes del sector le han reclamado al gobierno que sea más firme en su apoyo a través del Banco Agrario, sin embargo, a pesar de los esfuerzos y ofrecimientos, las colocaciones de primer piso de Agrobanco para el 2007 seguían estancadas, estando más del 80%, de sus recursos, colocados como segundo piso (véase cuadro 6).

Según algunos especialistas, el Banco Agrario llegó a colocar más de US$800 millones en los ochenta, cuando la participación privada no superaba el 5% del sector. En 1992, la entidad cerraba sus puertas, y de ahí en adelante el sector privado avanzó por su cuenta, pero despacio. Así, en 1994 se colocaron US$207 millones, la mayor parte vía bancos (ver cuadro). Para 1998 las colocaciones del sector se incrementaron, llegando a US$528 millones. Luego de diez años, a fines de 2007, se logró superar el nivel de 1998, y a febrero de ese año las colocaciones superaron los US$700 millones.

En los últimos años se ha visto un boom crediticio agrario, la banca comercial del 2003 al 2008  ha incrementado sus colocaciones de un monto de US$ 329 millones a US$ 543,6 millones. Las cajas municipales también han tenido un crecimiento sostenido, en cambio las Edpymes apenas han incrementado en los últimos años, lo mismo que el Agrobanco. En similar situación está el número de préstamos agropecuarios por institución.

 Con todo, la oferta financiera en el sector sigue siendo insuficiente; si consideramos que en el Perú existen alrededor de 1.5 millones de unidades agropecuarias, las cifras muestran que menos de uno de cada diez productores tendría acceso a créditos de fuente formal. Más aún, según estimaciones del Ministerio de Agricultura difundidas en el Informe de Seguimiento Agroeconómico  los requerimientos de financiamiento de los cuatro principales cultivos transitorios (arroz, maíz amarillo duro, papa y maíz amiláceo) superan largamente las colocaciones totales del sector. Si se considerase, en el escenario más optimista, que todas las colocaciones de las Instituciones de Microfinanzas y Agrobanco se dedicasen a atender únicamente a estos productos, solo se estaría cubriendo el 18% de esta demanda.

Además el crecimiento de las colocaciones agropecuarias se ha producido sin el amparo de una política que busque incrementar una mayor cobertura e inclusión; de hecho, las cifras muestran que este proceso sigue siendo ajeno a la mayoría de pequeños productores, y que los altos costos de los préstamos al sector (los agricultores pagan tasas de interés bastante superiores al promedio nacional, desde 41% en los bancos hasta 54% en las edpymes) los hacen arriesgados y prohibitivos para muchos, el acceso sigue siendo limitado y los costos se mantienen relativamente altos para un buen número de pequeños agricultores, sobre todo en zonas de sierra y de selva, siguen fuera de este proceso, ya sea porque no cuentan con los requisitos exigidos por el sistema (tierra titulada en garantía), o porque no están en capacidad de pagar las tasas de interés exigidas.

En el 2008 se aprobó el Decreto Legislativo 1028 (que modifica la que hasta ese entonces era la Ley de Bancos) un instrumento lesivo en el mediano y largo plazo sobre el financiamiento rural, particularmente en lo que concierne a la pequeña agricultura. El principal objetivo del decreto es el fortalecimiento de las entidades financieras, para lo cual se busca hacerlas menos propensas al riesgo. Desde el punto de vista del sistema financiero, ese objetivo les era conveniente; pero desde la perspectiva de los pequeños productores agrarios las consecuencias han sido desastrosas, pues las instituciones crediticias más pequeñas, como las cajas rurales y las Edpymes, que son las que más capital invierten en financiar a los pequeños productores rurales, tuvieron que  aumentar su capital y arriesgar menos, con lo cual se vieron obligadas a reducir sus préstamos.

Conclusión

Sin lugar a dudas la participación activa del estado en la cuestión agraria es preponderante para el desarrollo del mismo, y es precisamente en este sector en donde se deja notar con más nitidez la necesidad de un arreglo en base a un plan para la agricultura en particular y la economía en general; contrariamente a lo que dicen los neoliberales que el estado se debe replegar a un papel de enfermero del sistema económico y no debe hacerse notar en la economía. A nivel mundial en las últimas décadas los gobiernos de los países oprimidos no desarrollaron una estrategia de inversión sostenida en el campo; situación que se corrobora en la disminución constante del financiamiento del agro a nivel mundial. Lo paradójico es que ni siquiera los países altamente industrializados abandonaron de tal forma a sus propios sectores agrícolas, tal es el caso de EEUU que invirtió por cada agricultor un promedio anual de US$ 17,76 de 1986 hasta 2007. La Unión Europea hizo lo mismo con una cifra de US$ 7,61 en el mismo periodo. Un indicador clave para ver el abandono de la inversión en el sector es la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), que es un fondo que obedece a los intereses estratégicos, políticos y comerciales de los países imperialistas, de la mano del mantenimiento de las relaciones financieras y comerciales con las ex colonias o apareciendo como un instrumento legitimador de estas las potencias dominantes en cada uno de los bloques que lideran. La AOD para la agricultura cayó en un 75% durante el final de los años ochenta y el principio de los noventa y, desde entonces, las inversiones totales de los donantes en la agricultura han permanecido bajas, alrededor de 4.000 millones de dólares al año.

En nuestro país desde la implementación del neoliberalismo se ha tratado de impulsar el credo neoliberal, dejando la inversión del sector al financiamiento privado que desde sus inicios no pudo generar expectativas para la gran masa de pequeños productores concentrados principalmente en la sierra, el estado no se hizo presente sino con políticas asistencialistas allí donde el cálculo político le retornara grandes réditos electorales; desde el principio la gran propiedad y la gran producción en el agro se llevaron la mayor tajada de la torta.

En febrero de 2004, el Gobierno, conjuntamente con las diversas organizaciones “representativas” del agro, suscribieron la Carta Verde o Pacto Agrario Nacional según el cual “comparten” “la visión de un sector agrario próspero, rentable y sostenible que contribuya a generar desarrollo para el país, aumentar el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia campesina y rural”. Esto, como muchas promesas estatales, ha quedado en el papel, no se ha dado ni prosperidad, ni rentabilidad, ni mucho menos desarrollo. Se advierte la ausencia de políticas claras orientadas a promover al sector agrario en su conjunto, lo cual ha determinado una falta de capacidad, de los distintos niveles del gobierno, para proveer con eficiencia los bienes públicos que necesita el agro y elevar el nivel de vida de la población. A la falta de presencia activa del estado en la cuestión del financiamiento agrario, se le une otros factores económicos, como por ejemplo puede emplearse con éxito la inversión en métodos y técnicas modernas si se practica una agricultura a gran escala, pero no se puede tener un crecimiento en la producción agrícola mientras un puñado de hombres se halla en condiciones de regularla a su antojo y con arreglo a sus intereses privados ¿Cómo resolver esta paradoja?