ALGUNAS CARICATURAS QUE PUBLICA LA REVISTA "THE ECONOMIST" EN SU EDICION IMPRESA

RUSIA Y CHINA SE PRONUNCIAN SOBRE GADAFI

The Economist, 2011-feb-26

SOBRE LA CRISIS ECONOMICA EN EEUU

The Economist, 2011-marzo-05

 EEUU EN PROBLEMAS

The Economist, 2011-marzo-12



Las idas y venidas de la teoría macroeconómica burguesa ^(*)

(PARTE I)

¿Cuál ha sido el derrotero de la visión burguesa de aquel sector que denomina “macroeconomía”? el siguiente articulo solo pretende mostrar de modo general los vaivenes de una teoría que no ha encontrado el quid de las relaciones económicas, y que para lo único que ha servido y sirve es para justificar ese plus que el capitalista lo exprime del obrero y la opresión de la clase capitalista a las demás clases sociales, solamente porque tiene el poder para hacerlo. Una crítica en detalle se hará en posteriores artículos.

1. La macroeconomía de las economías cerradas

La economía prekeynesiana: los clásicos

Keynes denomino clásicos a Smith, Say, Ricardo, Marshall y Mill quienes se movieron por senderos flanqueados por la flexibilidad de los precios, competencia perfecta en mercado de bienes y factores productivos, equilibrio a largo plazo, pleno empleo de dichos factores productivos, desequilibrios transitorios, producción determinada plenamente por la oferta, la no existencia de la subproducción o superproducción gracias al ajuste de precios que postula la ley de Say: la oferta crea su propia demanda, función de producción de rendimientos marginales y decrecientes con variables endógenas como el nivel de precios (se determinan en el mercado monetario) y la tasa de interés ( determinados en el mercado de bienes). Como sacado de un cuento de hadas, los supuestos clásicos solo podían dar lugar a modelos igual de fantásticos.

En el modelo del mercado de trabajo y la determinación de la producción elaboraron una oferta con un individuo que maximiza su utilidad dentro de una función creciente con respecto al salario real y del ocio, es decir con pendiente positiva; la demanda de trabajo la concibieron como empresas competitivas con función de producción de rendimientos marginales y decrecientes que contratan trabajadores hasta que su producto marginal se iguale con su salario real, dando así una función entre salario real y empleo con pendiente negativa; en el mercado laboral la curva de la oferta  y la demanda de trabajo se intersecan determinado el nivel de empleo y salario real.

Un incremento de los precios reduce el salario real, sube la demanda de trabajadores por parte de las empresas y trabajadores ofrecen menos cantidad de trabajo, se da pues un exceso de demanda de trabajo elevando  el salario nominal en la misma proporción que la inflación, el salario real no se altera, por lo tanto tampoco el empleo y el producto.

El mercado de bienes y la determinación de la tasa de interés, el primero es el lugar donde se determina la tasa de interés real cuando el ahorro es igual a la inversión; es decir la oferta de  fondo prestables (ahorro) es igual a la demanda de fondos prestables (inversión). La inversión es inversa a la tasa de interés mientras que el ahorro lo es directamente proporcional.

Para construir el modelo del mercado monetario y la determinación del nivel de precios se recurre a la teoría cuantitativa del dinero donde M^d = k (PY); donde M^d es la demanda de  dinero, PY es la renta nominal, Y el ingreso real y P es el nivel general de precios; entonces M (la oferta monetaria) va a ser exógena determinada por la autoridad monetaria; en el equilibrio  M^d = M entonces M = k (PY), donde k y Y van a estar dados, se desprende que los precios son directamente proporcional a la cantidad de dinero.

El análisis de la política monetaria y la fiscal del mundo clásico empiezan con el supuesto de ignorar el efecto de los precios sobre la riqueza real y el consumo. En política monetaria al incrementarse la oferta monetaria exógenamente se incrementan los precios nominales, el salario real cae dándose así un exceso de demanda de trabajo, esto lleva a una alza de los salarios nominales que incrementan el salario real, dejando intacto el producto, el empleo y la tasa de interés real. En cuanto a política fiscal, el incremento del gasto público por el gobierno lleva a una baja en el ahorro, producto de esto el interés real se incrementa, no afectando bajo ninguna circunstancia el nivel de precios. En resumen ni la política fiscal ni la monetaria determinan variables reales como el producto, empleo o salario real, mientas que si afectan a variables nominales, es decir no hay conexión entre el sector real de la economía y el sector monetario: existe dicotomía clásica.

La teoría keynesiana

La gran depresión de 1929 trajo consigo la reducción del 40 % de pleno empleo, el desempleo comprometía a la cuarta parte de la fuerza laboral, la inversión en 1932 era la novena parte de la de 1929, la tasa de interés real estaba por las nubes y se observaba una persistente deflación llegando al 10 % e 1931; el mundo mágico de los clásicos se había roto; era momento de la teoría de la demanda efectiva de Keynes.

“La teoría general del empleo, el interés y el dinero” se presentó como la panacea a la aguda recesión, Keynes modela el mercado de bienes y la determinación de la producción en base al supuesto de que la demanda crea su propia oferta, por lo tanto el estado tiene que entrar a tallar en la economía y declaro solemnemente que los clásicos se equivocaron al plantear como estado normal el pleno empleo. Entonces frente a la existencia de subempleo, la demanda efectiva lleva a incrementos de la actividad económica porque no existen otras fuerzas que la llevan a su nivel potencial.

Pero ¿cómo elevar la demanda?, a través de la inversión, el consumo y el gasto público. La inversión depende de la productividad y la tasa de interés, las expectativas son subyacentes, y las fluctuaciones de la inversión se amplifica con el multiplicador: dado un incremento exógeno de la inversión, la demanda agregada aumenta, llevando a aumentos en la producción, esta a su vez lleva a elevar la renta que conlleva a niveles superiores de consumo; pero no queda allí sino que el ahorro también se eleva llevando consigo a través del multiplicador a una mayor cantidad de incremento de la producción y la renta, es por tanto una política fiscal anticíclica.

El mercado monetario y la determinación de la tasa de interés, se compone de una oferta de dinero totalmente exógena determinada por la autoridad monetaria y una demanda de dinero que no es otra cosa que la preferencia por liquidez, constituida por tres componentes: transacción, precaución y especulación.

Aquí la tasa de interés determina la demanda de  dinero y es además el nexo entre el mercado monetario y el sector real de la economía: no existe dicotomía clásica.

En el modelo keynesiano la oferta agregada es perfectamente elástica y los precios son exógenos, es decir son rígidos, además de la demanda agregada el mercado de bienes determina la producción y el monetario la tasa de interés.

Un incremento de la oferta monetaria baja la tasa de interés, aumenta la inversión incrementando la demanda agregada y esta influye aumentando la producción. Además un gasto del gobierno mayor significaría un incremento de la demanda agregada y esta a su vez hace aumentar la producción. La repercusión inmediata es que los nobles de consumo aumenten, y a través del multiplicar esto llevaría una mayor producción que impactaría positivamente en la demanda de dinero incrementando si la tasa de interés. La gran conclusión, no hay dicotomía clásica.

La síntesis neoclásica

La Teoría General fue desarrollada, conjugando el diagrama de 45° de Hansen con el modelo IS-LM de Hicks y la curva de Phillips. Paso a  ser el aparato macroeconómico que popularizo la Teoría General. La curva IS vendría a mostrar el equilibrio en el mercado de bienes dada una tasa de interés; mientras que la LM establecía el equilibrio en el mercado de dinero donde la producción estaba dada. El intersecto de ambas curvas determinaba el nivel de actividad y la tasa de interés.

Phillips en 1958 encontró a través de una regularidad empírica la relación inversa entre la tasa de crecimiento de los valores y la tasa de desempleo; el alza de los valores se vincula con el alza de los precios dando lugar a la curva de Phillips; quedando así completo el instrumental para determinar las principales variables de la macro: producción, empleo, tasa de interés e inflación.

Mientras esto pasaba por el lado de las variables macro, en los campos de la teoría del consumo, la inversión y la preferencia por la liquidez había un inusitado movimiento. En 1957 Milton Friedman estableció el consumo basado en la renta permanente al amparo del supuesto de que el individuo planifica un nivel de consumo estable en función de su ingreso permanente. En 1954 y otra vez en 1963 Modigliani afirma que el consumo debería estar basado en el ciclo vital pues el individuo desea un nivel de consumo estable, cuando es joven se endeuda porque tiene bajos ingresos, cuando llega a su etapa productiva sus ingresos son  más altos y goza de superávit, y en la vejez desahorra.

Tobin, en 1969, establece la famosa teoría q, un cociente entre el costo de activos de diversos mercados y el valor del stock de capital, del análisis del cociente la empresa tendría un indicador para emitir o comprar acciones. Tobin junto a Baumol, separadamente, contribuyeron al enfoque de la demanda de dinero desde la perspectiva de los inventarios.

Robert Solow, profesor del MIT y nobel de economía en 1987, publica su famoso modelo de crecimiento 1956; este modelo además de presentar algunos supuestos neoclásicos ya conocidos, fundamentalmente se basa en dos ecuaciones: la primera con una función de producción de rendimientos marginales decrecientes, tipo Cobb-Douglas, relacionando el producto  con el capital por trabajador. La segunda es la clásica identidad de las cuentas nacionales de una economía cerrada y sin gobierno en la que la acumulación neta de capital físico es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Este modelo enfatiza en el incremento del ahorro para hacer crecer la producción, así: al elevar el ahorro interno, la tasa de ahorro aumenta incrementando de este modo la inversión por encima de la depreciación, quedando un plus que eleva el stock de capital y por la función de producción neoclásica Cobb-Douglas, también aumentaría la producción; aunque al largo plazo la tasa de ahorro no no afecta el crecimiento económico.

En la década del 1970 se evidencio una fuerte inflación que se elevaba al mismo ritmo en que el nivel de actividad disminuía y aumentada el desempleo. El modelo IS-LM y la curva de Phillips con pendiente negativa en el corto plazo empezó a resquebrajarse. Era el momento propicio pata que el monetarismo levantara cabeza y de la mano de  Milton Friedman llevarían a cabo lo que los despechados keynesianos llamarían la “contrarrevolución monetarista”. Friedman enfilaría sus baterías contra tres aspectos de la teoría macroeconómica  imperante: la política monetaria más eficiente frente a la política fiscal, la curva de Phillips y el rol de la política económica.

En 1963, Friedman y Schwartz, plantearon que la cantidad de dinero se había reducido entre 1929 y 1939 y adjudicaron a esto como una de las causas del crack del 29, contradiciendo a Keynes, quien en base al supuesto de la “trampa de la liquidez” y el aumento de la oferta monetaria no se podía usar a la política monetaria para estabilizar las fluctuaciones.

Friedman, en abierta posición a Keynes considero una demanda de dinero estable, dando vigencia a la teoría cuantitativa del dinero en el largo plazo afectando solo a los precios; mientras que  en el corto plazo si se podía elevar el producto y los precios.

Frente a la curva de Phillips, Milton Friedman tenía también algo que decir: el pleno empleo era un ideal y que en la realidad existe una tasa natural de desempleo. En el corto plazo la política monetaria expansiva reduce el desempleo, pero no lo hace en el largo plazo. El trade off entre inflación y desempleo no existe porque la curva de Phillips es vertical y no de pendiente negativa como lo planteaba Keynes.

También a diferencia de este, que confiaba en los instrumentos de política macro para alcanzar resultados deseados en la economía, Friedman confiaba menos por la dificultad que presentaban estos para predecir sus impactos; a lo sumo en política económica debería a aspirarse a mantener una tasa constante de crecimiento del dinero para dar estabilidad en precios y ganar confianza a los agentes.

Las expectativas racionales

La macroeconomía se vio inmersa en una crisis profunda en la década de 1970, a nivel empírico la IS-LM y la curva de Phillips no concordaban con la realidad pues al contrario de los que estos modelos decían, la economía mundial presentaba niveles cada vez más altos de inflación acompañados de un desempleo galopante. A nivel teórico de presento un divorcio entre la macro y micro, esta última era rigurosa en cuanto a la conducta de los agentes mientras que la primera solamente proponía ecuaciones arbitrarias o ad hoc.

Keynes preponderaba las expectativas de los agentes económicos como determinantes para la demanda agregada, estas expectativas las baso en el subjetivismo de los agentes que reaccionaban con optimismo o pesimismo, el “animal spirit” o espíritu animal, es decir el instinto, la intuición.

Cagan en 1956 pone las expectativas en función de errores del pasado y lo llama la hipótesis de las expectativas adaptativas. Lucas y Sargent en 1972 criticaron este supuesto junto al ajuste de los salarios de la curva de Phillips.

Lucas introduce el concepto de expectativas racionales planteando que la gente formaba sus expectativas en base a toda la  información relevante disponible, esto llevaría a que los agentes no cometan errores sistemáticos, esto tuvo sus consecuencias y fueron dos: la primera en cuanto a política macroeconómica, que vio reducida su potencia, y la segunda consecuencia fue que  se empezó a buscar métodos que aborden tanto cuestiones de macro como también a la microeconomía.

La crítica de Lucas, luego de su cuestionamiento a las expectativas keynesiana, Lucas atacaría a varios modelos macroeconométricos desarrollados durante la síntesis neoclásica y de clara influencia keynesiana. Basándose en las expectativas racionales decía que estos modelos no sirven a los gobiernos a tomar decisiones para la economía, pues existe un continuo cambio de regímenes de política económica, por ende al variar estos los parámetros en que se levantan dichos modelos no se ajustan al cambi0 arrojando resultados erróneos.

Teoría de los juegos

Los pioneros en este tema fueron Kydland y Prescott cuando en 1977 señalaron que la política económica no es un juego contra la naturaleza sino contra agentes racionales; en lo fundamental esta teoría pone en cuestión la teoría de control óptimo, planteando la de los juegos.

Teoría de los ciclos económicos reales

Kydland y Prescott fundaron esta teoría en 1982 tratando de hallar los determinantes de las fluctuaciones macroeconómicas. Los keynesianos lo explicaban por política fiscal y los monetaristas por política monetaria.

El supuesto fundamental de esta teoría es que el nivel de actividad económica está siempre en las cercanías de su nivel potencial, la dicotomía clásica llevada al corto plazo. La fuerza determinante que la economía son los choques tecnológicos, estos afectan a la función de producción determinando el nivel de producto y el empleo. Las variables nominales como la oferta monetaria nada tienen que hacer en estas circunstancias, estos modelos se caracterizan por presentar modelos competitivos, la existencia de un individuo representativo que maximiza una función de utilidad intertemporal y una función de producción neoclásica sujeta a choques estocásticos y además dada la ausencia de  imperfecciones los resultados obviamente serán Pareto-eficientes. El desempleo, según esta teoría es “una respuesta natural y eficiente de la economía ante choques desfavorables”. Para levantar el edificio de este modelo es necesario recurrir a aquel hombre solitario que nadie sabe porque hasta hoy vive solo en una isla: Robinson Crusoe. Dicen estos teóricos, este individuo realiza dos únicas actividades: se dedica a la pesca y al ocio; Robinson pescara más (incremento del PBI) si hay un aumento de peces de modo exógeno, por ejemplo una corriente marina favorable, y viceversa. En este modelo la decisión de trabajar es voluntaria, es decir el desempleo es voluntario. La contrastación de las ideas destiladas de esta teoría se  hace  a través del método de calibración/simulación, el primero para la elección de parámetros en base a datos microeconómicos y luego se hacen simulaciones utilizando varianzas y correlaciones.

 (*) Este análisis es tomado de los siguientes libros:

·         “Macroeconomía. Un marco de análisis para una Economía Pequeña y Abierta”, Waldo Mendoza y Pedro Herrera, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo Editorial, 2006.

·         “Macroeconomía. Enfoques y modelos”, Félix Jiménez, Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo Editorial, 2006.

El financiamiento en al agro

(PARTE II)

El financiamiento privado

Al desaparecer el Banco Agrario, la banca comercial comenzó a incrementar sus volúmenes de crédito destinado a la agricultura, de US $88 millones en 1991 a US $378 millones en 2000; sin embargo su acción no llega a los agricultores de pequeña escala, dado que sus préstamos se concentran en las medianas y grandes empresas agroindustriales o en la agricultura de exportación.  Desde esta abrupta liquidación del banco agrario el sector recibe un bajo nivel de colocaciones. Apenas 400 millones de dólares de los casi mil millones que requeriría. De los 60 mil prestatarios que tuvo el banco agrario, la banca comercial en el 2001 sólo atendía a poco más de 5 mil.

En 1994 se crearon las cajas rurales de ahorro y crédito como entidades privadas que pueden realizar gran parte de las actividades bancarias, pero las mismas no han tenido mayor éxito. De 18 cajas rurales iniciales, en la actualidad sólo existen 12, pero la mayor parte adolece de graves problemas financieros. Su contribución al financiamiento del agro ha sido limitada; se inició con un programa de créditos de US$ 2,5 millones y para el año 2000 su cartera crediticia ascendía a US$ 34 millones, alrededor del 8% del financiamiento anual al sector rural.

Si bien a partir de 1995 las colocaciones tuvieron un leve crecimiento, acompañando en este ritmo al PBI sectorial, aquellas han sufrido u estancamiento a partir de 1998 (véase cuadro 2) como un efecto de la primera crisis de la globalización, como se recordara en nuestro país se empezó a sentir el efecto a partir de ese año.

A partir de 1999, la tendencia creciente del volumen de fondos intermediados por el sector formal se revierte. Como se puede apreciar en la figura 2, desde 1994, el total de colocaciones en el sector agropecuario ha crecido a una tasa decreciente, hasta que la tendencia se revirtió en 1999. Entre marzo de 1999 y abril de 2000, las colocaciones bancarias en el sector cayeron en más de 35%. El financiamiento no despega.

 

Sumado al escaso financiamiento del sector, el fantasma de la incobrabilidad de intereses ha sido una constante. Quiérase o no la historia del desenvolvimiento económico esta entrelazado con el de la vida estatal, si bien hubo colocaciones en el sector estos fueron acompañados con los problemas propios de la solvencia económica de los prestatarios agrarios, sobre todo los pequeños y medianos agricultores, quienes al no poder pagar los préstamos, el estado si interviene a favor de los privados. Un caso sucedido a inicios de la presente década nos da una muestra clara del asunto. Las cobranzas judiciales que se iniciaron en plena emergencia de "El Niño", se intensificaron en los años siguientes, cómo es posible constatar en los avisos judiciales que casi a diario se publicaban en los periódicos de provincias los distintos tipos de instituciones financieras.

Un importante porcentaje de estos anuncios corrían por cuenta de las Cajas Rurales que atendían a pequeños agricultores operando, casi exclusivamente, con las líneas llamadas "preferenciales" que intermediaba COFIDE. Y esto ocurrió pese a que de los 510 millones de dólares colocados en el agro por todo el sistema financiero, la participación de las Cajas Rurales apenas llegaba a 35 millones de dólares, un 6.8% del total. Su cartera atrasada, que bordeaba el 19% de las colocaciones, era alta, pero representaba menos de 10 millones de dólares. Suma fácilmente manejable para el Estado que por ese entonces destinó varios cientos de millones de dólares en el salvataje del Banco Latino y en solucionar la crisis de liquidez de la banca comercial pero de ningún modo la morosidad del pequeño y mediano agricultor.

En el cuadro 3 se puede ver como estaban las colocaciones, créditos refinanciados, cartera atrasada y los préstamos que estaban en cobranza judicial, para los difíciles años de crisis económica del 1997-2001.

No son pocos los productores, pequeños y medianos, cuyos predios  fueron rematados por encontrarse morosos ante cajas rurales, bancos comerciales o habilitadores informales, y hubo varios miles en peligro de que les ocurra los mismo.

El elevado endeudamiento de los agricultores es una de las secuelas que dejó el Fenómeno El Niño en dos campañas sucesivas (96-97 y 97-98), que se agravó luego por la prolongada recesión económica que afligió a casi todos los bolsillos del país, deprimiendo los precios de gran parte de los cultivos. Frente a estas emergencias los productores agrarios se estrellaron con ofrecimientos ministeriales que no se cumplieron, y con programas de refinanciamiento insuficientes y parciales.
El diagnóstico es conocido: descapitalización, altísimas tasas de interés, exigencia de elevadas garantías y cronogramas de reembolso que no se adecuan a la realidad del campo. Es por todas estas razones que las instituciones financieras no utilizan las líneas de reestructuración habilitadas por COFIDE, pues sólo un reducido número de grandes agroindustrias están en capacidad de cumplir con esas condiciones. Además  COFIDE cuenta con líneas de crédito que provienen del exterior a bajas tasas de interés, pero que se encarecen cuando luego se canalizan a través de las instituciones bancarias.

En años subsiguientes, la situación no cambiaría en lo fundamental, para el 2004 por ejemplo sólo el 2,9% del total de créditos otorgados por los bancos comerciales fue orientado a la agricultura (alrededor de 320 millones de dólares). El alto riesgo de la actividad agraria, su poca rentabilidad y la falta de seguro de crédito son factores que explican la baja participación de la banca comercial. En el caso de las Cajas Rurales, ellas orientan el 22% de sus créditos a la agricultura (alrededor de 30 millones de dólares).

Por el lado de la demanda para alguno cultivos sobresale el de arroz, algodón, maíz amarillo, papa y café (véase el cuadro 5).

El Agrobanco está compuesto por capitales mixtos, es decir su presupuesto proviene tanto del sector público como del privado; ya se ha visto que las políticas estatales no están destinadas precisamente a desarrollar el agro, prueba de esto es que los recurso que destina al Banco Agrario cada vez son más exiguos, determinando con esto un rumbo hacia la privatización paulatina. Diferentes voces provenientes del sector le han reclamado al gobierno que sea más firme en su apoyo a través del Banco Agrario, sin embargo, a pesar de los esfuerzos y ofrecimientos, las colocaciones de primer piso de Agrobanco para el 2007 seguían estancadas, estando más del 80%, de sus recursos, colocados como segundo piso (véase cuadro 6).

Según algunos especialistas, el Banco Agrario llegó a colocar más de US$800 millones en los ochenta, cuando la participación privada no superaba el 5% del sector. En 1992, la entidad cerraba sus puertas, y de ahí en adelante el sector privado avanzó por su cuenta, pero despacio. Así, en 1994 se colocaron US$207 millones, la mayor parte vía bancos (ver cuadro). Para 1998 las colocaciones del sector se incrementaron, llegando a US$528 millones. Luego de diez años, a fines de 2007, se logró superar el nivel de 1998, y a febrero de ese año las colocaciones superaron los US$700 millones.

En los últimos años se ha visto un boom crediticio agrario, la banca comercial del 2003 al 2008  ha incrementado sus colocaciones de un monto de US$ 329 millones a US$ 543,6 millones. Las cajas municipales también han tenido un crecimiento sostenido, en cambio las Edpymes apenas han incrementado en los últimos años, lo mismo que el Agrobanco. En similar situación está el número de préstamos agropecuarios por institución.

 Con todo, la oferta financiera en el sector sigue siendo insuficiente; si consideramos que en el Perú existen alrededor de 1.5 millones de unidades agropecuarias, las cifras muestran que menos de uno de cada diez productores tendría acceso a créditos de fuente formal. Más aún, según estimaciones del Ministerio de Agricultura difundidas en el Informe de Seguimiento Agroeconómico  los requerimientos de financiamiento de los cuatro principales cultivos transitorios (arroz, maíz amarillo duro, papa y maíz amiláceo) superan largamente las colocaciones totales del sector. Si se considerase, en el escenario más optimista, que todas las colocaciones de las Instituciones de Microfinanzas y Agrobanco se dedicasen a atender únicamente a estos productos, solo se estaría cubriendo el 18% de esta demanda.

Además el crecimiento de las colocaciones agropecuarias se ha producido sin el amparo de una política que busque incrementar una mayor cobertura e inclusión; de hecho, las cifras muestran que este proceso sigue siendo ajeno a la mayoría de pequeños productores, y que los altos costos de los préstamos al sector (los agricultores pagan tasas de interés bastante superiores al promedio nacional, desde 41% en los bancos hasta 54% en las edpymes) los hacen arriesgados y prohibitivos para muchos, el acceso sigue siendo limitado y los costos se mantienen relativamente altos para un buen número de pequeños agricultores, sobre todo en zonas de sierra y de selva, siguen fuera de este proceso, ya sea porque no cuentan con los requisitos exigidos por el sistema (tierra titulada en garantía), o porque no están en capacidad de pagar las tasas de interés exigidas.

En el 2008 se aprobó el Decreto Legislativo 1028 (que modifica la que hasta ese entonces era la Ley de Bancos) un instrumento lesivo en el mediano y largo plazo sobre el financiamiento rural, particularmente en lo que concierne a la pequeña agricultura. El principal objetivo del decreto es el fortalecimiento de las entidades financieras, para lo cual se busca hacerlas menos propensas al riesgo. Desde el punto de vista del sistema financiero, ese objetivo les era conveniente; pero desde la perspectiva de los pequeños productores agrarios las consecuencias han sido desastrosas, pues las instituciones crediticias más pequeñas, como las cajas rurales y las Edpymes, que son las que más capital invierten en financiar a los pequeños productores rurales, tuvieron que  aumentar su capital y arriesgar menos, con lo cual se vieron obligadas a reducir sus préstamos.

Conclusión

Sin lugar a dudas la participación activa del estado en la cuestión agraria es preponderante para el desarrollo del mismo, y es precisamente en este sector en donde se deja notar con más nitidez la necesidad de un arreglo en base a un plan para la agricultura en particular y la economía en general; contrariamente a lo que dicen los neoliberales que el estado se debe replegar a un papel de enfermero del sistema económico y no debe hacerse notar en la economía. A nivel mundial en las últimas décadas los gobiernos de los países oprimidos no desarrollaron una estrategia de inversión sostenida en el campo; situación que se corrobora en la disminución constante del financiamiento del agro a nivel mundial. Lo paradójico es que ni siquiera los países altamente industrializados abandonaron de tal forma a sus propios sectores agrícolas, tal es el caso de EEUU que invirtió por cada agricultor un promedio anual de US$ 17,76 de 1986 hasta 2007. La Unión Europea hizo lo mismo con una cifra de US$ 7,61 en el mismo periodo. Un indicador clave para ver el abandono de la inversión en el sector es la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), que es un fondo que obedece a los intereses estratégicos, políticos y comerciales de los países imperialistas, de la mano del mantenimiento de las relaciones financieras y comerciales con las ex colonias o apareciendo como un instrumento legitimador de estas las potencias dominantes en cada uno de los bloques que lideran. La AOD para la agricultura cayó en un 75% durante el final de los años ochenta y el principio de los noventa y, desde entonces, las inversiones totales de los donantes en la agricultura han permanecido bajas, alrededor de 4.000 millones de dólares al año.

En nuestro país desde la implementación del neoliberalismo se ha tratado de impulsar el credo neoliberal, dejando la inversión del sector al financiamiento privado que desde sus inicios no pudo generar expectativas para la gran masa de pequeños productores concentrados principalmente en la sierra, el estado no se hizo presente sino con políticas asistencialistas allí donde el cálculo político le retornara grandes réditos electorales; desde el principio la gran propiedad y la gran producción en el agro se llevaron la mayor tajada de la torta.

En febrero de 2004, el Gobierno, conjuntamente con las diversas organizaciones “representativas” del agro, suscribieron la Carta Verde o Pacto Agrario Nacional según el cual “comparten” “la visión de un sector agrario próspero, rentable y sostenible que contribuya a generar desarrollo para el país, aumentar el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia campesina y rural”. Esto, como muchas promesas estatales, ha quedado en el papel, no se ha dado ni prosperidad, ni rentabilidad, ni mucho menos desarrollo. Se advierte la ausencia de políticas claras orientadas a promover al sector agrario en su conjunto, lo cual ha determinado una falta de capacidad, de los distintos niveles del gobierno, para proveer con eficiencia los bienes públicos que necesita el agro y elevar el nivel de vida de la población. A la falta de presencia activa del estado en la cuestión del financiamiento agrario, se le une otros factores económicos, como por ejemplo puede emplearse con éxito la inversión en métodos y técnicas modernas si se practica una agricultura a gran escala, pero no se puede tener un crecimiento en la producción agrícola mientras un puñado de hombres se halla en condiciones de regularla a su antojo y con arreglo a sus intereses privados ¿Cómo resolver esta paradoja?

Financiamiento en el agro (PARTE I)

En la década de 1990, junto a las reformas económicas que significo la implementación del neoliberalismo en nuestro país, se dio una serie de medidas en el campo del financiamiento de la agricultura, uno de los principales sucesos fue la desactivación del Banco Agrario en 1992, a partir del cual el crédito agrícola ha quedado, principalmente, a cargo de los bancos comerciales y cajas rurales, que trabajan con medianos y grandes productores y que como veremos no cubren los requerimientos de todo el sector. El crédito agrario se ha caracterizado por priorizar las formas sociales de producción que concentra la propiedad de la tierra y el capital, apoyando el cambio en el patrón de cultivos en función del requerimiento del mercado y el desarrollo del capitalismo en la agricultura.

Es así que en nuestro país se puede apreciar un apoyo privilegiado a la agroexportación en la costa, frente al atraso desproporcionado en las áreas rurales de la sierra. Para las grandes empresas agroindustriales acceder al crédito les resulta relativamente fácil, a diferencia de los pequeños y medianos productores. La actividad agraria en la sierra requiere financiamiento dada su estacionalidad y una brecha temporal entre siembras y cosechas que no existe en otras actividades económicas. Además, diversas inversiones en la agricultura, como sembrar cultivos permanentes, mejorar el equipamiento o hacer mejoras del ganado o los predios, sólo pueden realizarse con financiamiento, pues los retornos son de mediano y largo plazo. En un contexto de alto riesgo climático y gran fragmentación de la propiedad, al sector financiero privado no le interesa otorgar crédito a los productores agrícolas. Es allí donde el Estado debería entrar a tallar con sus políticas de inversión, papel que no ha cumplido sino solo para emprender políticas clientelistas que cuenten con réditos electorales.

Claramente el financiamiento en el agro está cubierto por las políticas estatales de inversión y por la banca privada; dentro de este financiamiento, a la totalidad de instituciones financieras se distingue claramente a la banca de primer piso, que no son otra cosa que aquellos bancos especializados y dedicados exclusivamente a otorgar créditos al sector como el Banco Agrario, y la banca de segundo piso, que vendrían a ser las instituciones financieras que canalizan los recursos provenientes de fuentes multilaterales o de los mercados de capitales como por ejemplo las cooperativas, cajas rurales, ONGs y por supuesto la banca comercial en general, entre otros.

Esta última clasificación en cuanto a financiamiento obvia los planes específicos de inversión del Estado, por eso es más apropiado tratarlo en su más amplia acepción expresada en la primera y segunda clasificación.

El financiamiento estatal

Con la desaparición del Banco Agrario (BA) en 1992, una entidad pública que en el período 1990/1991 aportó el 72% del crédito agrario, siendo el 89% de sus clientes productores con menos de 20 hectáreas, se inicia una nueva etapa en el tema del financiamiento para el sector agrícola. Por un lado, se reduce drásticamente la oferta de fondos formales (que venían del BA) y, por otro lado, se abre un abanico de posibilidades para que el sector privado supuestamente amplíe su cobertura a sectores hasta esos entonces desatendidos, este cometido no se ha logrado, y esos sectores siguen hasta ahora desatendidos; estos problemas de acceso al financiamiento de la mayor parte de productores rurales no son nuevos y se remontan incluso a los años de mayor expansión del Banco Agrario, como fueron los años 1987-1988, donde (según estimaciones hechas con base en la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de 1984), a pesar de que los fondos prestados se incrementaron en más del 50%, la cobertura del banco apenas llegó al 20% de los productores rurales, y en la sierra dicha cobertura solo llegó al 12%.

Para paliar la desaparición del BA sea crea, como institución financiera de segundo piso, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), entidad pública mixta que capta recursos externos y administra fondos de fideicomiso para orientarlos a los sectores productivos a través de intermediarios financieros regulados por la Superintendencia de Bancos como son los bancos comerciales, entidades financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro y crédito, y EDPYME (Entidades de Apoyo a la Pequeña y Microempresa). A diciembre de 2000 sus colocaciones fueron del orden de los US$ 745 millones, destinados principalmente a los pequeños y medianos productores. En los años 1999 y 2000 COFIDE destinó al sector agrícola el 5,4% y el 5,2%, respectivamente, del total de sus recursos.

También se crea en 1992, de los Fondos de Desarrollo del Agro (FONDEAGROS), que fueron manejados directamente por los gobiernos regionales. Los fondos, que ascendieron aproximadamente a US$ 320 millones, prácticamente se liquidaron en cinco años principalmente por la inexistencia de políticas de estado orientadas al desarrollo del sector, que fue rematado por la falta de pago de los agricultores debido a desastres naturales causados por el fenómeno de El Niño.

La liquidación del Banco Agrario y la reforma financiera no condujeron a una solución del problema del financiamiento rural, como lo auguraban los defensores a ultranza del libre mercado. El Estado siguió interviniendo directamente en el financiamiento del sector rural. Primero, mediante los FONDEAGROS y los fondos rotatorios, ambos manejados por el Ministerio de Agricultura: estos créditos, como ya se dijo, destinados a cubrir la emergencia originada por el cierre del Banco Agrario, se otorgaron con criterios políticos la mayor parte de veces, y los índices de mora en muchos departamentos superó el 50%.

El Poder Legislativo aprobó en el mes de diciembre de 2001 la Ley que creó el Banco Agropecuario. Con capital mixto del orden de US $70 millones y con un aporte inicial del Estado de US $30 millones, esta entidad podrá efectuar operaciones bancarias de primer y segundo piso. El nuevo Banco comenzó a operar a partir de junio de 2002  casi como una caricatura: sin el piso ni recursos adecuados para atender a los agricultores, y con ataduras legales que limitan sus posibilidades de crecer y desarrollarse. En ese contexto, la mayor parte de los pequeños agricultores dependen del financiamiento de casas comerciales o habilitadores informales, que les prestan en insumos o dinero que luego cobran adquiriendo las cosechas a bajo precio.

No solamente la inversión estatal indirecta ha ido de fracaso en fracaso, también ha habido grandes problemas en los gastos corrientes para sustentar esas políticas; en el presupuesto del 2006, el Minag recibió aumentos poco significativos en aspectos trascendentales para el fortalecimiento del agro. Por ejemplo, para «Infraestructura de riego», el presupuesto en inversiones solo se incrementó en US$ 2,6 millones; en el área de «Fortalecimiento de la gestión del sector público agrario», en US$ 1,7 millones; y en el caso de «Información para el desarrollo rural», en US$1.3. Asimismo, en la partida «Apoyo al agro» se pasó de S/12,7 millones a S/23,2 millones (US$ 7,1 millones en total para 2006). En el cuadro 1 se puede notar que uno de los programas dirigido a la sanidad animal, Senasa, ha sufrido un recorte de 13,6 %, el relacionado a los recursos naturales, Inrena, se vio recortado en 15,1 %, lo mismo con INIEA, etc.

En general, respecto a la inversión pública en el agro, el gasto público total agrario representa apenas el 2.4% respecto al gasto público total, participación que, sin embargo, ha crecido de forma moderada en los últimos cuatro años, pasando de 1.7% en 2006 a 2.4% en 2009 (gráfico 1).

El grado de participación de cada nivel de gobierno en la inversión agraria es distinto; mientras que en el ámbito nacional la participación disminuyó paulatinamente desde 2006 hasta 2010 (mostrando una caída de 37.6% a 21.4%), en el gobierno local se elevó de 27% a 42.5%, y en 2009 alcanzó un pico cuando superó el 46%. Dentro de la estructura total del gasto, el monto asignado a la función agraria llega a S/.1,604 millones, el que se desagrega en los tres niveles de gobierno: nacional (S/.812 millones: 50.6%), regional (S/.517 millones: 32.2%) y local (S/.275 millones: 17.1%). La mayor parte de esta asignación se ejecuta a través de los pliegos del Ministerio de Agricultura.

En este periodo de análisis se dio la segunda gran oleada de grandes proyectos de irrigación: Olmos-Tinajones, Chavimochic, Chinecas, Majes-Siguas, Chira-Piura, entre los más importantes. Todos estos proyectos benefician a la costa y representan un monto de inversión de recursos públicos del orden de S/.6,032 millones, aproximadamente, todo el presupuesto de inversión ejecutado en el quinquenio 2006-2010 (incluido el de 2010, a octubre).

El gobierno nacional ha tenido un nivel de ejecución promedio de 71.9% entre 2006 y 2009, el cual ha ido subiendo en los últimos años. En los gobiernos regionales el nivel de ejecución del presupuesto de inversiones fue de 62%, mostrando una tendencia descendente (69.8% en 2006, a 56.7% en 2009). Los gobiernos locales han mostrado un menor desempeño en la ejecución del gasto que el gobierno nacional y regional, con un promedio de 52%, y una tendencia decreciente, que ha representado para 2009 el 45%.

El repliegue del Estado ha determinado el deterioro de los servicios de extensión y su fragmentación entre una cantidad de organismos y programas regionales que favorecen principalmente a los cultivos de exportación de la Costa. En el período 1995-99, la inversión pública rural disminuyó considerablemente, especialmente la destinada al fomento productivo.

En suma, se advierte la ausencia de políticas claras orientadas a promover al sector agrario en su conjunto, lo cual ha determinado una falta de capacidad, de los distintos niveles del gobierno, para proveer con eficiencia los bienes públicos que necesita el agro y elevar el nivel de vida de la población.

LA DEBACLE NEOLIBERAL Y ALGUNAS CONFESIONES DE BLANCHARD: EL MEA CULPA DE LOS NEOLIBERALES?

En agosto del 2008 Blanchard(1), en un artículo escrito para la National Bureau of Economic Research, sostenía que el estado de la Macroeconomía era bueno, que existía un amplio grado de convergencia, y que las batallas y enfrentamientos en torno al enfoque de la macroeconomía eran cosa del pasado, alardeaba que los macroeconomistas habían llegado al nivel ideal de entendimiento de la economía en su conjunto, decía que todos los macroeconomistas estaban de acuerdo en que se sabía cómo manejar los instrumentos, tanto de política monetaria como de la fiscal, para mantener el desenvolvimiento económico en su optimo nivel y que la realidad económica ya no daría más sorpresas.

Mostro además su acuerdo con los alaridos de Lucas y Sargent cuando en 1978 lanzaron su “revolución de las expectativas racionales” acusando a la teoría keynesiana de ser “defectuosa” y que “las predicciones (de la teoría keynesiana) eran salvajemente incorrectas”. Caracteriza a Lucas-Sargent de mencheviques y que cuando la agenda de investigación se volvió extrema, estos dieron pie a los bolcheviques personificados en Prescott, quienes centraron en propiedades estocásticas del modelo de Ramsey, y basaron su investigación en tres principios: micro fundamentos explícitos, definidos como utilidad y maximización de utilidades; equilibrio general; y la exploración de cuán lejos se puede llegar con poca o ninguna imperfección. A pesar de la caracterización y considerando a los nuevos Keynesianos como conservadores, considera que el producto más relevante de esta convergencia son “los modelos dinámicos de equilibrio general estocásticos”.

Es concluyente cuando menciona “que la macroeconomía está atravesando un periodo de gran progreso y expectación, y que ha habido convergencia, durante las dos décadas pasadas, tanto en la visión como en la metodología”.

Gritos de júbilo como estos nos son conocidos, más aun si es que se está en el cenit de un crecimiento económico, como el que se venía dando desde el 2002; poco antes del crac de 1929 el recién electo Presidente norteamericano Hoover  predecía largas décadas de prosperidad y el economista  Irving Fisher  dijo que los “precios de las acciones parecen haber alcanzado un nivel permanentemente alto”; A inicios de 1990 Samuelson afirmaba que “el salvaje ciclo económico que arrasó el capitalismo maduro durante sus primeros años se ha domesticado” al poco tiempo, en 1994, estalló la crisis mexicana y tres años después la primera crisis general de la globalización. Lucas, Premio Nobel de Economía y uno de los más distinguidos líderes de una de las corrientes teóricas predominantes (la escuela de Chicago), sostenía en enero de 2003 en su exposición como Presidente de la American Economic Association, en la reunión anual de la misma, que “el problema central de la prevención de las recesiones ha sido resuelto”, la segunda crisis de la globalización empezó en  2008 y  el “salvaje ciclo económico” una vez más mostraba su poder destructor de fuerzas productivas ante las atónitas miradas  de los pregoneros del “nunca jamás” neoliberal.

Pues bien, Blanchard, con los comentarios vertidos en el 2008, sorprendía a propios y extraños, parecía no estar entendiendo nada de lo que estaba pasando con la crisis, a pesar de que existía un pequeño grupo de destacados economistas que, a la inversa, habían estado llamando la atención sobre los riesgos que se corrían y apuntando a varios y serios fenómenos que estaban teniendo lugar en la economía de EEUU, entre ellos, Robert Shiller, de Princeton, anticipó la burbuja inmobiliaria de EEUU y el riesgo sistémico que implicaba. Tres Premios Nobel, Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Paul Anthony Samuelson mencionaron del riesgo de una crisis; en el mismo sentido iban las voces de Alan Greenspan y Nouriel Roubini.

Una vez que la sangre llego al rio, la crisis sistémica del capitalismo desato toda su furia contra las fuerzas productivas, la Reserva Federal empezó con los “planes de salvataje” a la oligarquía financiera, Blanchard no dudo mucho en “retractarse” y empezó a justificar la ingente cantidad de recursos destinados a salvar los bolsillos de un puñado de plutócratas y todas la medidas de corte fiscal que implica socializar las perdidas y privatizar las ganancias de los grandes monopolios en quiebra. Es por eso que en febrero de 2010 escribió un segundo artículo (2), sobre el mismo tema pero en sentido contrario, tratando de rendir algunas exequias a la fenecida teoría economía neoliberal y sobre todo tratando de servir lo mejor que pueda, como todo tecnócrata,  a sus amos de la oligarquía financiera.

Uno de los primeros puntos de la “crítica” es el objetivo de una inflación baja y estable, como principal mandato de los Bancos Centrales, quienes solamente han centrado en este objetivo y no en la actividad económica en general; esto debido a la reputación originada en la “coincidencia divina”, llamada así por este comportamiento de los Bancos Centrales y el respaldo teórico de los académicos neoliberales a la meta de inflación del modelo neokeynesiano (3). En su postura anterior manifestaba que en cuanto a materia de política económica debería tenerse “estrictos objetivos de inflación y de producción”.

También reconoce que solamente han centrado en política monetaria (4) dejando todo en manos del arbitraje, sin ninguna injerencia en el sistema bancario y con una limitada política fiscal (5), esto último por la creencia generalizada de que para mantener la brecha de la producción (6) estable era suficiente las medidas monetarias; además basados en la equivalencia ricardiana (7) se creía que la política fiscal no afecta a la demanda agregada por lo tanto es innecesaria. Blanchard también reconoce que otro de sus “errores” fue no considerar a la regulación financiera como un instrumento de política macroeconómica ignorando por completo sus implicancias macro confinándola a corregir las “fallas del mercado”. Todo esto llevo según este economista a la “Gran Moderación”, que es una especie de estado celestial de los aspectos macroeconómicos de la economía, en el que “todo marcha muy bien” sin mayores sobre saltos; es obvio que Blanchard se está refiriendo solo a las ganancias de la oligarquía financiera, a quien sirve como perro de presa, y no el de las mayorías, quienes sufren los estragos de “shocks  endógenos y exógenos” continuos provocado por el capital, donde para ellos no “todo marcha muy bien”. Para Blanchard la causa de la crisis está en la excesiva confianza en los instrumentos que su teoría les brindaba.

Bueno, dice el señor Blanchard, con la crisis hemos aprendido varias cosas, entre ellas esta que la inflación no necesariamente debe ser baja ya que esto no permitiría la acción de la política monetaria, y que una inflación estable es necesaria pero no suficiente pues se debe reparar en la tasa real de inflación. Otro punto es que la intermediación financiera no está suficientemente regulada por el arbitraje y que es necesaria la intervención del Banco Central para su regulación respectiva y así evitar la especulación con riesgo. La política fiscal debe acompañar a la monetaria para que la supla cuando esta haya llegado a su límite, los temores por la eficacia de las medidas fiscales no deben existir ya que el largo aliento de la recesión da tiempo suficiente para que estas surtan efecto, más bien los gobiernos deben aminorar las trabas y retrasos para la formulación, promulgación y aplicación de las políticas fiscales. Y por último nos dice que la “Gran Moderación”, que fue resultado del “notable manejo de los instrumentos macroeconómicos”, llevo a un optimismo tal que se permitió la desregulación financiera, confiando la predicción de los riesgos a modelos estocásticos, formalizados como la regla de Taylor, nótese que en su postura anterior había sentenciado que una de las mejores cosas producidas por la convergencia fueron precisamente esos modelos dinámicos de equilibrio general estocásticos.

Cualquiera que conozca el derrotero del señor Olivier Blanchard y lea estas afirmaciones se caería de espaldas, como así un rabioso neoliberal del ayer se convierte en el más fervoroso keynesiano hoy; la respuesta es muy simple y ya la dimos: es uno más de esos tecnócratas que va buscar defender los intereses de sus amos a como dé lugar aunque tenga que sacrificar principios y posiciones, pues al fin y al cabo para eso le pagan y mientras mejor defienda a los explotadores de la oligarquía financiera las migajas que reciba de estos serán más jugosas.

Queda claro el papel de los tecnócratas, pero lo más importante a resaltar de todo esto es que las afirmaciones de este economista evidencia una vez más que los principios rectores de la teoría económica burguesa está totalmente divorciada de la realidad, que ellos mismos niegan sus supuestos más importantes como por ejemplo que el mercado sea el mejor asignador de recursos, que el libre juego de la oferta y demanda lleven a un equilibrio con pleno empleo, el uso pleno de los factores productivos y el bienestar general, y lo inservible de sus modelos matematizados para predecir los movimientos de la economía capitalista; en resumen la teoría económica burguesa hace rato que perdió confiabilidad, al punto de que hoy día, muchos consideran a la Economía como una disciplina menos confiable que la Climatología y la Meteorología. Después de todo, estas últimas son capaces de predecir huracanes y tifones, su curso probable y su intensidad, con la suficiente anticipación como para salvar vidas y bienes, mientras que esta teoría fue incapaz de predecir la crisis financiera y recesiva más grande registrada por el mundo desde la Gran Depresión de los años treinta con un enorme costo económico, humano y social a nivel planetario.

NOTAS

(1) Olivier Blanchard, nacido en Francia, ha desarrollado toda su carrera profesional en Estados Unidos. Ha trabajado en instituciones de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y la Universidad de Harvard y se ha desenvuelto también como Director del Departamento de Investigación del FMI.

(2) Este artículo puede ser adquirido en el siguiente paper: http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf

(3) Este modelo propone una inflación constante que permita una brecha de producción cero como política óptima.

(4) Política Monetaria: acciones orientadas a modificar la oferta monetaria y/o la tasa de interés con el fin de alcanzar determinados objetivos finales (alto nivel de empleo, estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, equilibrio de la balanza de pagos, crecimiento económico, etc.). Los instrumentos básicos del Banco Central para lograr estos objetivos son: operaciones de mercado abierto, tasa de descuento y requerimientos de reservas. (Félix Jiménez, Macroeconomía: enfoques y modelos).

(5) Política fiscal: instrumento para  alcanzar y mantener el “pleno empleo y la estabilidad de precios” a través de la demanda agregada (el consumo, inversión, impuestos y balanza de pagos) con el fin de afectar el nivel de  producción. (E. Shapiro, “Análisis Macroeconómico”, 2° edición 1976, España).

(6) Definida como la distancia temporal que existe entre el nivel de producción real y el potencial; uno de los problemas que se plantea es como conseguir el óptimo camino para reducir esta brecha.

(7) Este concepto apunta a señalar que si el gasto del estado se incrementa en base a deuda pública y no a mayores impuestos, igualmente las personas no incrementaran su gasto en consumo, al considerar que tendrán que aportar mayores impuestos futuros para hacer frente a los vencimientos de la deuda. La equivalencia ricardiana implica entonces una especie de percepción actual de los impuestos futuros.